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La gorra o la gorrita, dos caminos a elegir

Una vez más, es parte de la agenda pública el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Los medios repitiendo incansablemente delitos en los que fueron participes jóvenes construyen el clima sobre el que se asienta el debate. Luego de un año de gobierno, donde Cambiemos mostró  la correlación de fuerzas que detenta la derecha, y más capacidad para construir consenso de lo esperado, el oficialismo busca tener iniciativa para correr el eje de la situación económica y los despidos que no cesan; y quedar mejor posicionado de cara a un año signado por las elecciones legislativas. La estigmatización de los jóvenes pobres es la salida fácil; sobre los verdaderos motivos de la inseguridad, sobre cómo viven la infancia y la juventud los sectores más marginados de nuestro pueblo, sobre la realidad de los “institutos para menores” supuestamente dedicados a su “recuperación” poco se dice.

Abriendo el debate

De ninguna manera puede entenderse como una casualidad la reciente instalación del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Los medios de comunicación han salido en los últimos días a hacer un fuerte hincapié en delitos, sobre todo homicidios, cometidos por menores, especialmente de 16 años. El caso del chico Brian, presuntamente asesinado por un joven de 15 años, ha sido el eje sobre el cual se ha posado el gobierno a los fines de sumarse algún poroto en la carrera por las legislativas 2017.

El objetivo del año es claro, si Cambiemos logra un buen resultado electoral y sale de la minoría en la que se encuentra en el poder legislativo se fortalece notablemente como espacio, y se le abre un camino desde donde podría profundizar el proyecto político-económico que inició el año pasado, menos atado a la constante negociación en que se encuentra hoy. Arrancar el año con iniciativa política sobre un tema siempre candente como la inseguridad, retomando una propuesta que otros espacios políticos, como Scioli y Massa, ya han desarrollado en sus campañas electorales previas le permite al gobierno estar un paso adelante de sus competidores. El impulso de esta iniciativa también responde a reclamos de sectores de derecha que vienen presionando por diversos medios para que los niveles represivos sigan aumentando.

En períodos de ajuste económico como el que atravesamos, caracterizado por el aumento de la desocupación y de la inflación, la competencia entre los mismos trabajadores se recrudece. El incremento de la pobreza e indigencia demuestra quienes somos los que pagamos los platos rotos de esta historia.  Expresión de este proceso en el plano de la consciencia es que se profundizan los rasgos de xenofobia y discriminación para con los sectores más empobrecidos y con los inmigrantes. El sentido común que fomenta por todos sus medios la clase dominante busca justificar lo injustificable. Para que los reales motivos, el incremento de la desigualdad social, la violencia a la que somos sometidos día a día quienes vivimos de nuestro salario en este sistema de muerte y exclusión, no se vean con claridad se recurre a estigmatizar al pobre, al villero, y por sobre todo, a los jóvenes pobres.

El debate no se da en el aire, parte de la construcción estereotipada de la imagen del joven pobre como un sujeto peligroso. Los medios de comunicación y las voces de la mayoría de los partidos políticos juegan un rol clave en esto. Elegir mostrar durante horas episodios delictivos en los que estuvieron vinculados menores en vez de develar la vinculación estructural de la policía y otras fuerzas represivas en los delitos y el crimen organizado no es inocente. Como tampoco que nada se diga de la realidad de los denominados “institutos de menores”, o de la creciente deserción escolar, su vinculación con el empobrecimiento, y un sistema que solo ofrece miserias y podredumbre a la juventud.

El planteo de que es necesario reducir la edad de imputabilidad hace caso omiso, no solo a una variedad de estadísticas que lo desmienten como una solución, sino también a la realidad estructural que sufrimos día a día los jóvenes. Se atacan las consecuencias, en vez de centrar la cuestión en las verdaderas causas del problema, el rol de la policía y otras fuerzas represivas en episodios delictivos y la creciente pauperización de la juventud de nuestros barrios. Dos asuntos de los que el estado es responsable pero prefiere mirar para otro lado.

¿Qué ves cuando me ves?

Ante esto nos parece importante poner en discusión cómo vivimos la juventud en la sociedad de hoy. Son esas opresiones propias del sistema que en este caso operan aprovechándose de dos condiciones que nos hacen más vulnerables: la de ser jóvenes y la de ser pobres. Estas problemáticas se dan de manera transversal, interrelacionadas. Son problemáticas sociales, económicas, políticas. Trabajo precarizado y desocupación; sistema educativo excluyente y expulsivo; bajo o nulo acceso a la cultura; violencia y acoso policial: criminalización y gatillo fácil; narcotráfico: desde la incitación al consumo de drogas hasta la explotación directa de las mafias narcos; problemáticas de género: violencia. Abuso y Explotación sexual y trata de personas. Los últimos años asistimos a un empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora y particularmente de los sectores más pobres. Consecuencia de esto, el último año se sumaron un millón de nuevos pobres (UCA); la deserción escolar viene en incremento, terminando la escuela secundaria en tiempo y forma solo el 43% de los jóvenes (UNESCO); mientras en lo que refiere a los Nini´s (jóvenes que ni estudian ni trabajan) la cifra se elevó a más de cuatro millones, siendo el 75% mujeres, estando nuestro país entre los que se encuentra una profundización constante del fenómeno. Un pibe muere bajo el gatillo fácil cada 25 horas. Las cifras siguen y los datos sobran.

Los barrios más pobres del país son el blanco de operación de los negociados del narcotráfico y de la trata de personas. Son en los mismos, donde las contradicciones se hacen muy fuertes, porque es donde las injusticias más profundas se hacen carne, pero donde también son moneda corriente, y la naturalización de las mismas pesa mucho más. La manipulación, la falta de oferta lúdica y la monopolización de ésta por parte del narcotráfico en los barrios, la vulnerabilidad y la edad adolescente proclive a la búsqueda de nuevas experiencias preparan un terreno particular. Las estrategias de cooptación son distintas, la manipulación, el ejercicio y/o amenaza de violencia, engrosan las filas del consumo problemático de sustancias, así como de la trata y el narcotráfico

Los barrios marginales del conurbano y de algunas grandes ciudades del interior, así como las Villas de capital, se fueron configurando en los bastiones de los narco productores. Los vendedores de drogas, históricamente custodiados y protegidos por las fuerzas policiales, ahora lo están están custodiados y protegidos, tanto por la gendarmería, quien se encarga de la vigilancia zonal, controlando que la actividad se desarrolle sin mayores inconvenientes, como por personas propias de “las mafias”, en general jóvenes recién integrados a las mismas, armados. Si bien las fuerzas de seguridad operan garantizando la seguridad de los narcos poderosos liberando zonas para la producción, circulación y comercialización, no son ellos los que hacen el trabajo ¨sucio¨. Los jóvenes de los barrios populares y villas somos mano de obra barata también en este engranaje. En general como distribuidores locales de droga, utilizados en ajustes de cuenta entre bandas o en la disputa por las zonas en las que operan. Siendo joven, vivimos en un contexto permanente de muerte y violencia, muchas veces sin acceso a la educación, con la necesidad de trabajar para aportar a la economía familiar, casi siempre en condiciones de extrema precarización laboral, el presente y futuro que se nos presenta no es muy prometedor.

Por su parte el poder estatal bajo la excusa de “la lucha contra el narcotráfico” (uno de los tres estandartes de campaña de Cambiemos), y fogoneada por la “guerra contra las drogas” impulsada por Estados Unidos, fortalece el rol de las fuerzas represivas, quienes ocupan nuestros barrios y ciudades, en un proceso creciente de militarización de la sociedad, expresado, entre otras cosas, por la cantidad de policías por habitante, tanto a nivel nacional como muy particularmente en CABA donde hay un efectivo cada 112 personas, triplicando el promedio recomendado por Naciones Unidas. Acción que no puede tener otro objetivo más que disciplinar a la clase trabajadora y a los sectores populares.

Para ninguno de nosotros es novedad la persecución, el hostigamiento y la violencia que sufrimos los pibes y pibas de los barrios populares. Más allá todavía, a diario suceden casos de gatillo fácil. Kiki Lezcano, Luciano Arruga, Ezequiel Blanco, Pablo Vera, David y Javier son algunos de los nombres que forman la lista de miles de jóvenes que han muerto en manos del estado.

Debemos explicitar que los jóvenes también son presa del fuerte consumismo del que es imposible escapar. Jóvenes que delinquen por cuestiones más ¨banales¨ no son casos de codicia aislados, son conductas que moldea el capitalismo. En una sociedad donde se “es” lo que se tiene, donde la felicidad tiene en el consumo uno de sus parámetros principales, es esperable que los adolescentes que no tienen acceso por estatus a ello, busquen otros medios para alcanzarlo. Con esto no justificamos ni avalamos la delincuencia, si no que tratamos de analizar más allá del sentido común, más allá de lo que los medios narran. En este sentido, es la cultura dominante la que opera en la construcción de sentido, en nuestra forma de ver el mundo y entenderlo, una cultura de la dependencia, del individualismo, de la competitividad, del consumo, una cultura que nos dice que somos según lo que tenemos.

El sistema penal y los menores

En la Argentina existe un régimen penal de minoridad creado mediante el Decreto-Ley 22278 en la última y más cruenta dictadura militar de nuestro país. Dicho régimen instituye que no serán punibles los niños y niñas que no hayan cumplido los 16 años de edad. Es decir que, con algunas particularidades, a los menores de 16 y 17 años se los somete a un proceso penal de características casi idénticas al proceso al cual se somete a una persona adulto.

Es así que Argentina se constituye como el único país en Latinoamérica que juzga a menores de 18 años de la misma forma que lo hace con los adultos. Frente a esto nuestro país ya ha sido condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza y otros, por violar el derecho internacional de los derechos humanos tras aplicar el derecho penal de adultos a menores de 18 años, ordenando modificar y ajustar nuestro marco legal a las normas internacionales.

Y la mencionada normativa ha tenido consecuencias terribles para los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Argentina es el único país en la historia de América Latina que ha dictado sentencias de reclusión perpetua a menores de edad, doce en total. Es así que la Argentina, a pesar de que la ha ratificado, no ha adaptado su marco legal a lo dispuesto por la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Aun cuando existe el mencionado llamado de atención por  parte de la Corte Interamericana, al cual se ha sumado UNICEF en múltiples informes, y con semejantes antecedentes, distintas fuerzas reaccionarias de nuestro país discuten oportunamente reducir aún más la edad de imputabilidad, es decir, someter a menores aún más jóvenes a un sistema penal perverso y violento.

En primer lugar, Sergio Massa, líder del Frente Renovador, ha tenido como bandera de su última campaña la baja de imputabilidad, aduciendo que un niño de 15 años puede distinguir si matar está bien o mal. Interesante es que la “progresista” Stolbizer ha salido en los últimos días a demarcarse en este aspecto del ex Jefe de Gabinete, aun cuando estén consensuando de caras al 2017 una plataforma política totalmente regresiva para los derechos de los trabajadores.

Así también, Elisa Carrió, parte importante del espacio Cambiemos, plantea de modo absurdo y cínico que una forma de combatir el delito organizado es bajando la edad de imputabilidad. Sin embargo la Diputada soslaya el explicar los lazos con el crimen organizado y los casos de corrupción que han golpeado a su espacio político desde que Mauricio Macri ha asumido como presidente.

Asimismo es necesario recordar en este sentido cómo durante el Kirchnerismo, desde Scioli, pasando por Berni, y llegando hasta el ex presidente Néstor Kirchner, todos han dado, con mayor o menor intensidad, el visto bueno para poner sobre la mesa la discusión a los fines de llegar a una reducción de la edad de imputabilidad, haciendo siempre caso omiso a las realidades que continuamente golpean a los jóvenes de nuestro país.

Esto se verifica al acceder a las estadísticas que UNICEF tiene para nuestro país: el director regional para América Latina, Kils Kastberg, informó que en Argentina, al año, se cometen 2000 homicidios dolosos. De esa cantidad, en 200 casos participan menores de 18 años. Y de esos 200, en solo 15 casos participaron menores de 16.

Es decir que cuando se puede acceder a los números, a las estadísticas, se verifica que la construcción que se realiza alrededor de la figura del joven pobre, es una construcción que tiene como fin la mayor represión sobre él, ponerlo como eje central de los males de nuestro pueblo, desviar el descontento por la situación actual para posarlo sobre el joven que sufre esos y otros tantos males. Estamos ante una ofensiva represiva que no es solamente demagogia electoral por derecha, sino que se apoya en el aprovechamiento del bombardeo mediático constante sobre la inseguridad y de una continua estigmatización de la juventud, para ajustar las estructuras represivas del estado frente a las consecuencias sociales de sus políticas antipopulares.

Asimismo el discurso cínico de aquellos que buscan profundizar la miseria, esconde la realidad que sufren los menores al momento de ingresar al sistema penal:   la Universidad de Tres de Febrero y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia indica que en 2007 se alojaba, como mínimo, a 1799 jóvenes en relación con causas penales. Un tercio de los establecimientos donde permanecían eran gestionados por instituciones no especializadas, como policías y servicios penitenciarios provinciales. El 85% de los lugares era de régimen cerrado y en todos ellos se comprobaron dificultades para el pleno acceso a derechos. Por ejemplo, el 21% de los alojados ni siquiera tenía DNI. Un porcentaje importante de la población penal adulta -alrededor de 60 mil- pasó por una institución de menores durante su niñez o juventud. Sobran los testimonios sobre la realidad que allí se vive, lejos de ser un espacio de “reinserción social”, poco los distingue de las cárceles: altos niveles de violencia, abusos sexuales por parte de los guarda cárceles, venta de drogas, mafias organizadas, y el repertorio podría continuar largamente.

Esta información es interesante, porque demuestra que al joven pobre no solo se lo pone en el centro de los problemas, como chivo expiatorio, sino que luego se lo castiga fuertemente en un sistema que no hace más que aumentar la violencia y el sufrimiento, mientras por fuera los verdaderos culpables de nuestros males continúan haciendo sus negocios.  No se trabaja sobre los reales problemas, que impactan a nuestra juventud y que muchas veces llevan a que los pibes y pibas tengan como única salida el delito. Se busca fomentar la pobreza y la violencia, que permite la utilización policial de esos jóvenes, y construirlos como los culpables de la realidad actual, cuando ellos tienen como verdugos a esos mismos que toda la clase trabajadora tiene.

La seguridad de una sociedad mejor

Nos proponen centrar en los jóvenes pobres la causa de todos los males, pero a la hora de los datos encontramos que solo el 6% de los delitos son protagonizados por jóvenes de entre 14 y 18 años. Como contracara, la participación de policías y miembros de otras fuerzas represivas en delitos se multiplicó los últimos años. Si bien no es posible acceder a información precisa sobre el tema, algunos datos publicados en 2010 dan un pantallazo. En este año se encontraban sumariados más de 13 mil miembros de la policía bonaerense ¡El 25% de sus miembros! En 2009, 872 policías fueron expulsados y otros 1779 fueron desafectados. Los motivos fueron: el estar involucrados en causas graves como abusos en sus funciones, extorsiones, amenazas, apremios ilegales, connivencia o participación en delitos, mal manejo de fondos policiales y causas de violencia familiar. Nada de que sorprendernos, si la liberación de zonas, la vinculación con el narcotráfico, el armado de bandas criminales dedicadas al robo y al secuestro por parte de las fuerzas represivas ya son un secreto a voces en nuestra sociedad. Ahí van los supuestos garantes de la seguridad.

Creemos que este panorama deja en claro que la baja de la edad de imputabilidad no es ninguna solución. Criminalizando a la juventud se busca cortar el hilo por el lado más fino, por el sector más débil, corriendo el eje del verdadero problema. Si hay necesidad de modificar el sistema jurídico penal es por otro lado, como por ejemplo un endurecimiento severo de penas hacia los policías, gendarmes, y todo miembro de las fuerzas represivas involucrado en delitos. O la transformación de los institutos de menores, para que dejen de ser infiernos y tengan una verdadera función de reinserción social. No hay soluciones fáciles cuando hay sectores de nuestro pueblo que hace generaciones se encuentran sumergidos en niveles de miseria infrahumanos, asumidos como la población sobrante de este sistema mercantil, a los que el Estado no da más que parches que solo perpetúan su condición. El Estado es el máximo responsable y no puede pretender resolver judicializando y enviando a la cárcel a niñxs de 14 años cuando reflejan las consecuencias más profundas de un sistema excluyente y de miseria para las grandes mayorías.

Sin una sociedad que garantice igualdad de acceso y de oportunidades, que garantice las condiciones sociales y materiales para el desarrollo educativo y cultural de nuestros pibes y pibas, que asegure un trabajo digno para los y las jóvenes, no se podrán alcanzar soluciones reales. “Es honra de los hombres proteger lo que crece” dice una canción interpretada por Mercedes Sosa y Calle 13. Y por ello seguiremos militando todos los días nosotros, en los barrios y las villas miserias, el sector más golpeado por este sistema, como en tantos otros lados, convencidos de la necesidad de cambiar las cosas de raíz, de que la única solución es construir una sociedad con plena igualdad de acceso y de oportunidades, una sociedad socialista. “De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto, de otro modo es absurdo porque de nada vale si hay un niño en la calle.”

¡No a la baja de la edad de imputabilidad!

¡Ningún pibe/a nace chorro/a!

¡Basta de gatillo fácil!

¡Basta de torturas y asesinatos en cárceles y centros de detención!

         Por Luciano Arruga, por Ezequiel Blanco, por David y Javier, y por tantos otros pibes y pibas que se llevó la yuta asesina.