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Situación Nacional: organizar las luchas para enfrentar el ajuste

 A un mes de la asunción de Mauricio Macri, las medidas implementadas en estos días dan cuenta de un claro perfil del plan de gobierno y de los ejes por donde tendrá que estructurarse la resistencia de nuestra clase. 

El gobierno de los CEOS

Como hemos expresado anteriormente en La Llamarada, sin dudas, un rasgo distintivo del gabinete actual es el desembarco de ministros y funcionarios que, hasta hace poco, fueron líderes y gerentes en los principales grupos económicos.

Los que hoy ocupan cargos de relevancia dentro del equipo político y económico tienen sus orígenes en empresas como Telecom, IBM, JP Morgan, General Motors, Lan, Pan American Energy, Shell, Edenor, Edesur, Citibank y HSBC, entre otros. Este signo distintivo de la gestión macrista maquillado con una revalorización de la eficiencia de la gestión privada, implica que los principales resortes del gobierno, la agenda, los vínculos comerciales sean definidos en función de los intereses directos de la burguesía al comando del estado.

Devaluación, inflación y endeudamiento

El ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay (el niño mimado del JP Morgan, que llega a la política de la mano de Domingo Cavallo) ha favorecido una línea económica de shock más que de gradualismo.

Cumpliendo la promesa de campaña liberó el cepo al dólar, lo que implicó en los hechos una devaluación del 40% de la moneda nacional y una enorme transferencia de ingreso de los sectores populares hacia los capitales más concentrados. El efecto devaluación, junto a la quita de las retenciones a los granos y un 5% gradual a la soja, implicó una transferencia de recursos al sector agroindustrial en torno a $128.868 millones (de los cuales, el 66% corresponde a soja) lo que equivale casi al 3% de nuestro PBI.

Estas medidas fueron acompañadas por otras, que se inscriben en la misma línea de liberalizar el mercado, como la eliminación de las DJAI (Declaraciones Juradas para Importadores), la derogación de la disposición 1108/13 que le prohibía a los exportadores argentinos transbordar sus cargas en el puerto de Montevideo, junto con la eliminación a las retenciones a las exportaciones industriales.

En la misma dirección, se ha favorecido a la burguesía financiera con un escandaloso mega canje de deuda que consiste en cambiar dos Letras Intransferibles emitidas por el Tesoro Nacional y recibidas por el Banco Central a tasas de interés casi nulas en 2006 y 2010, por tres bonos Bonar con vencimientos en el 2022, 2025 y 2027, y con tasas superiores al 7%. Este canje representa el cambio de Letras valuadas en U$D16.099 millones por bonos de U$D13.697 millones de dólares con una quita del 15% del capital.

Además, el gobierno busca renegociar lo más rápido que pueda la deuda con los fondos buitre que asciende a U$S10.000 millones con el objetivo de agilizar un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

Por otra parte, una de las principales preocupaciones del equipo económico de Cambiemos es frenar la escalada inflacionaria que se viene sintiendo con fuerza desde diciembre. Pese a hacer bandera de la crítica a la intervención del Indec por el kirchnerismo, el gobierno amarillo ha decidido decretar la emergencia estadística lo que implica que comenzaran la negociación paritarias sin un número oficial de IPC.

Las evaluaciones de las consultoras privadas varían notablemente, pero en promedio podemos calcular que el 2015 cierra con una inflación en torno al 30%. Esto indica una pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales en promedio del 3%. Estos números se agudizan para los precarizados quienes hoy conforman el 37% de la clase trabajadora, cuyos ingresos en muchos casos no superan el salario mínimo.

En el marco de una  proyección  para este año de un 40% de inflación, el gobierno nacional busca imponer un fuerte techo salarial, mediante la reedición de un Pacto Social entre patronales, estado y sectores del gremialismo burocrático que aún está en tratativas. Nadie muestra aún todas las cartas. El gobierno busca validar acuerdos paritarios que no superen el 25% de aumento con el pretexto de que confían en que las expectativas inflacionarias van a reducirse en el segundo semestre. En esa clave de disciplinar al movimiento obrero condicionando sus reclamos salariales deben leerse las recientes declaraciones del Ministro de Hacienda y Finanzas quien afirmó: “Cada paritaria discute lo que puede discutir (…) acá no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar empleos a cambio de salarios”. A buen entendedor, pocas palabras.

Por decreto

Los defensores del republicanismo y la división de poderes no tienen nada que envidiarle al retirado kirchnerismo. Hasta el 30 de diciembre Macri dictó 261 decretos, de los cuales 3 fueron DNU (aquellos con contenido legislativo). Entre los decretos firmados están la designación de embajadores, la eliminación de la AFSCA y la designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia, que tuvo que posponerse por el ruido que le generó es su propia alianza política.

El argumento del PRO para gobernar por decreto es que no funcionará el Congreso hasta el 1 de marzo. Sin embargo, desde el punto de vista burgués republicano podrían convocar a sesiones extraordinarias, decisión que Cambiemos intenta sortear porque no cuentan con una mayoría en el legislativo que les garantice la aprobación de estas medidas. Tampoco quieren por el momento afrontar negociaciones más activas con algún sector peronista, ya que implicaría asumir mayores niveles de condicionamiento.

Mientras tanto, en menos de un mes de gobierno, la justicia burguesa ha actuado aceleradamente liberando a una docena de represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos y La Pampa. A su vez, la jueza Arroyo Salgado sobreseyó a Ernestina Herrera de Noble en la causa por la apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Estos datos, sumados a la nefasta editorial de La Nación pidiendo la libertad de los genocidas, dan cuenta de un nuevo clima y un intento de reconstruir consenso social con las fuerzas represivas. En esa clave también debe entenderse el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el fallo del Tribunal Superior de Justicia de CABA que habilita a la policía a pedir identificación por averiguación de antecedentes a cualquier persona en la calle junto con el anunciado protocolo para controlar la protesta social, todo con el objetivo de aumentar el intervención represiva ante una mayor conflictividad social. A su vez, se trata de unificar el mando para la represión; represión que el gobierno no duda en ejercer, como a los despedidos en la empresa Cresta Roja o a los municipales de La Plata.

La interna peronista

Como en otros momentos de la historia, buena parte del entramado político nacional pasa por la interna del peronismo. Post derrota electoral de Scioli comenzaron los pases de factura y los cambios de camiseta. En Provincia de Buenos Aires el bloque del FPV en la Cámara de Senadores está dividido. A esto se suman las tensiones entre el kirchnerismo puro y los intendentes del PJ ávidos de recursos por la sanción del presupuesto provincial cuya propuesta implica un endeudamiento por $90.000 millones.

En toda esta novela, que involucra propios y ajenos, el binomio Massa-De la Sota, sigue operando para volver al PJ deskirchnerizándolo. Este plan tiene como aliados a Urtubey, quien inmediatamente después de que ganó Macri las elecciones se ofreció para colaborar con la fórmula Cambiemos. También se sumó Diego Bossio, el ex-titular de Anses y hasta hace poco leal miembro del sciolismo.

Desde variopintos sectores del peronismo se viene bregando para que en el 2016 sea el año de las elecciones del PJ. Aún está por verse como terminarán de construirse las tendencias internas, quienes serán los que encabezarán  cada sector así como las coaliciones que se conformarán a su interior. Sin embargo, lo cierto es que los resultados finales de dicha interna serán de relevancia e influirán en los próximos 4 años de gobierno. El núcleo duro del kirchnerismo por ahora mantiene la estrategia de intentar controlar la estructura del PJ bajo la ambición de lograr el regreso de Cristina Kirchner en el 2019. Asimismo hay quienes dentro del peronismo ortodoxo no están dispuestos a seguir relegando su espacio de poder en el Partido Justicialista, por lo que se estima que se abra un escenario de fuerte disputa por la nueva orientación política que cobrará el histórico partido peronista.

Nuevas alianzas a nivel internacional

Sin dudas uno de los datos de relevancia es la reorientación en términos de relacionamiento internacional. Macri busca reorientar los vínculos del eje Alba-Mercosur a la Alianza para el Pacifico, priorizando el vínculo bilateral con países limítrofes más afines ideológicamente y empalmando con el giro conservador que se desarrolla en toda la región, de la mano de volver a legitimar a nivel social la relación con los EEUU.

El primer viaje presidencial fue a Uruguay, país con el que el kirchnerismo tuvo una relación tensa en todos estos años. En reuniones con Tabaré Vázquez, se concretaron acuerdos comerciales en materia de puertos y gas en consonancia con la estrategia del macrismo de dejar de comprar gas a Bolivia, entre otros acuerdos de menor envergadura.

El próximo viaje significativo que realizará el actual presidente será, al Foro Económico de Davos, donde finalmente viajará con Massa. Este Foro Económico Mundial, emblema del neoliberalismo y cuna de los dueños del mundo, es un encuentro de 3 días que se realiza en Suiza con la participación de los principales y más poderosos empresarios junto con la asistencia de políticos e intelectuales liberales de peso a nivel internacional. La fundación que organiza dicho encuentro está compuesta por 1000 empresas de las más grandes del mundo que reúnen en total una facturación anual superior a los 5 billones de dólares. Entre los empresarios argentinos que participarán se encuentran Eurnekian, Bulgheroni, Elsztain. La apuesta del gobierno de Macri es buscar inversiones ofreciendo garantías jurídicas y políticas para lograr mayores márgenes de rentabilidad a los grandes capitales. Sin embargo, la posibilidad real de inversiones dependerá en buena medida de las condiciones y las previsiones del mercado mundial que no son para nada alentadoras para este año en un contexto de débil crecimiento económico y una retracción del comercio mundial, afectado por la desaceleración de la economía china, la caída de los precios de las materias primas, y fundamentalmente del petróleo.

Con buenas noticias para los de arriba… arrancó el ajuste 

El cóctel  de devaluación e inflación fue acompañado por una ola de despidos en el estado amparadas en el decreto nº 254/2015, que permite al gobierno nacional avanzar sobre los puestos de trabajo de miles de laburantes que se encontraban en situación de precarización laboral desde la era kirchnerista. Bajo la propaganda oficial de “depurar” el estado de “ñoquis” se avanzó con una ola masiva de despidos en diversos programas estatales y asistencia social. Sólo en contados casos, se logró recontrataciones, pero  en términos más precarios aún que los que se mantenían inicialmente.

Bajo la ofensiva de asociar el empleo público a la falta de cumplimiento de las labores, el macrismo pretende aplicar una receta neoliberal ya conocida por la clase trabajadora: despidos masivos, depreciación del salario y fuerte disciplinamiento general, como forma de condicionar las futuras demandas.

Hasta ahora los relevamientos indican que los despidos  superan las 16.000 personas, bajo la autoría de gestiones macristas pero también kirchneristas. A estas cifras se suman unos 60.000 contratos que están siendo revisados, por lo que la cifra podría aumentar en los próximos meses. Los datos de un relevamiento parcial difundidos por ATE arrojan los siguientes números, que probablemente vaya en aumento en los próximos meses: Estado Nacional 3.340 (gobierno Cambiemos), Santa Cruz 1.000 (gobierno FPV), Salta 195 (gobierno FPV), Tierra del Fuego 1.000 (gobierno FPV), La Rioja 800 (gobierno FPV), Pcia. de Buenos Aires 7.397 (gobierno Cambiemos), Catamarca 832 (gobierno FPV), Mendoza 1.600 (gobierno Cambiemos), entre otros.

A esta nueva situación tenemos que agregarle los despidos y suspensiones en el sector privado que vienen de herencia de la gestión kirchnerista y que se van a profundizar en los próximos meses. La decisión de avanzar con despidos en el sector público genera un efecto disciplinador que condiciona los acuerdos paritarios y además permite dar vía libre a los empresarios para que avancen sobre los derechos de los trabajadores.

Otro sector que se verá afectado por las medidas económicas del gobierno nacional serán las PYMES, quienes emplean a trabajadores en condiciones muy precarias con grandes dificultades para organizarse sindicalmente. Por otro lado, seguirán los despidos y suspensiones en la rama automotriz, a lo que hay que agregar la situación de miles de trabajadores petroleros que ven peligrar sus fuentes de trabajo ante la caída estrepitosa del precio del petróleo y las aspiraciones del macrismo de terminar con los subsidios al sector.

A solo un mes de gobierno macrista las coordenadas son claras. Avanzaron con medidas totalmente regresivas para la clase trabajadora y de nuestro lado, los niveles de reacción frente al plan de ajuste  siguen siendo limitados y focalizados.

Esto se explica también por los grados de expectativas que mantienen grandes porciones de la población frente a la  reciente fórmula presidencial, aunque también es preciso decir que no tiene un cheque en blanco.

Frente a un escenario de ajuste que entendemos se profundizará a partir de marzo (con los tarifazos en los servicios públicos, la continuidad de los despidos, las negociaciones paritarias y las presiones de los sectores dominantes por alcanzar una mayor devaluación de la moneda), tenemos la tarea de redoblar nuestros esfuerzos en la organización en los lugares de trabajo; aportar consecuentemente a una perspectiva unitaria del sindicalismo clasista y ponernos a la altura de construir en la calle una alternativa política de la izquierda anticapitalista capaz de enfrentar el ajuste y disputar la orientación de la resistencia.

  • Prohibición de despidos y suspensiones
  • Reincorporación de los cesanteados en el estado.
  • ¡No a los contratos flexibles ni las prórrogas! Basta de precarización laboral. Pase a planta permanente.
  • Aumento salarial acorde a la inflación real.
  • ¡Basta de represión! ¡Organicemos las luchas para enfrentar el ajuste!
  • Contra el Pacto Social, por una salida independiente de la clase trabajadora.

Agrupación Política Hombre Nuevo

Enero 2016