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Si sos amigo del juez… | La Corte Suprema y el derecho a huelga: un fallo a medida de patrones, gobierno y burocracia

El 7 de junio pasado se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Causa “Orellano Vs. Correo Argentino”. Este caso, además de enfrentar a la patronal contra un trabajador despedido por su actividad gremial, adquirió repercusión por el debate en torno al derecho a huelga que la CSJN hace en torno al Artículo 14bis de la Constitución Nacional.

Con una representación de tres jueces, el máximo tribunal se expidió haciendo una interpretación restrictiva del derecho a huelga. Según considera el fallo, los que están facultados para decretar una huelga son los trabajadores organizados en un gremio. Así, se intenta recortarle la potestad de impulsar ciertas medidas a un espectro de trabajadores que no estén amparados por la entidad gremial, o que tengan el aval de sus compañeros de trabajo pero no necesariamente el de la dirección de sus sindicatos. El fallo señala que las asambleas en el lugar de trabajo que se realizaron en el correo, promovidas por el entonces delegado Orellano, afectaron el servicio de éste y a terceros, dado que alteraron el normal funcionamiento de la institución; a su vez, remarca que las acciones no estaban convocadas desde la entidad gremial.

El fallo posee aspectos técnicos que oportunamente deben ser desmenuzados. Pero es claro que se inserta en un contexto político donde la proliferación de conflictos ante despidos y suspensiones es un elemento de la realidad. Ante eso, la CSJN otorga una señal en favor de los patrones, el gobierno y las burocracias sindicales. La sentencia pretende recortar las posibilidades de organización y de lucha de quienes no se encuadran dentro de un gremio, o bien de quienes disputan con la pasividad de muchas de sus direcciones cuando éstas deciden no llamar a medidas de fuerza pero la base sí. Este fallo implica que el sistema judicial sale a terciar claramente -como la ha hecho en infinidad de ocasiones- en pos de un ordenamiento en favor de los poderosos dentro de un marco de creciente conflictividad gremial y social. Si bien existen debates entre abogados laboralistas por la interpretación del fallo respecto de cuál es el lugar en el que quedan las Juntas Internas de sindicatos o seccionales opositoras (técnicamente encuadradas gremialmente, pero muchas veces sin medidas decretadas centralmente por las entidades), sobre lo que no cabe duda es del intento de disciplinamiento con el cual se va a querer emplear este fallo como precedente. Existe una salvedad: la sentencia no se expide contra la potestad de los sindicatos simplemente inscriptos para convocar medidas; esto es, que pese a favorecer a las cúpulas sindicales y apuntalar la idea de “gremio” en términos corporativos, el fallo no llega a consagrar de manera unánime el unicato, es decir, la prevalencia de los sindicatos con personería gremial (el máximo aval estatal, otorgado generalmente a un solo sindicato por rama… casi siempre, el más afín a los gobiernos o patrones).

Esta posición de la Corte Suprema, que no es sino un nuevo intento de injerencia estatal en la vida de las organizaciones de los trabajadores y sus medidas, no deja de pertenecer a la esfera legal-judicial. A lo largo de su historia, el movimiento obrero contó a veces con conquistas traducidas en leyes, pero tantísimas otras, se impuso más allá de lo normado y de los intentos de disciplinamiento por parte del Estado: es en definitiva, la capacidad para organizarse en concreto, materialmente, y parar de hecho la producción, la que dará a la clase trabajadora efectividad en su resistencia y hasta nuevos triunfos. La esfera legal -esfera creada y normada por un Estado que no expresa lo realmente justo sino un concreto interés de clase- no es menospreciable. Pero generalmente se apela a ella cuando el terreno de la lucha ya ha estado determinado por una correlación de fuerzas que no es la que nos favorece a los trabajadores. No debemos encorsetarnos en ese plano para pensar y desarrollar nuestras acciones. Así como muchas veces nuestra clase apela a medidas de acción directa que estrictamente no tienen el aval de la ley (cortes de calles y rutas, bloqueos a ingresos fabriles, ocupación de oficinas e instalaciones, etc.), es el desenvolvimiento de la lucha y nuestra capacidad para masificarla el que torcerá o no el platillo. Ese platillo que la justicia patronal, más tarde o más temprano, siempre trata de inclinar en favor de los amigos del juez: los ricos y poderosos.