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Los palos, la ley y la justicia contra la lucha del pueblo

A poco más de 3 meses de asunción las primeras medidas del gobierno macrista no dan lugar a la duda y lo colocan como un claro defensor de la patronal y referente regional de la avanzada imperialista en el cono sur.

Devaluación del 40%, liberación del cepo cambiario, aumento de tarifas y techo muy por debajo de la inflación en las paritarias, más de 1.000 despidos por día (contabilizando más de 100.000 entre sector público y privado). Todo indica que los años que nos esperan son de una fuerte lucha entre la avanzada del capital y la capacidad del pueblo para dar respuesta a tremendo ataque.

La burguesía ya prepara el terreno para esta pelea: el ajuste no es posible sin represión y la represión necesita un contexto que la legitime. En ese sentido, ya están en marcha las medidas legales con el aval de la justicia.

Mientras que el macrismo usa como caballito de batalla la “lucha contra el narcotráfico y por la seguridad” para desparramar las fuerzas represivas en cada rincón del  país, ya están en marcha los primeros anuncios de la gestión Cambiemos, que marcan el carácter represivo y pro-patronal del gobierno que busca arremeter contra las luchas sociales que se avecinan.

Es importante mencionar que por primera vez desde la vuelta a la democracia, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y varias provincias del país (Jujuy, Mendoza y Corrientes) están alineados en un mismo partido de gobierno, permitiéndose disponer de un comando unificado para la represión. De esta forma las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales estarán concentradas bajo una misma dirección. A su vez, el papel del kirchnerismo como partido gobernante en muchas provincias no mejora el panorama: no se diferencian del macrismo a la hora de ajustar y reprimir. Las represiones a los docentes en Santiago del Estero y de los estatales en Santa Cruz confirman lo que decimos.

Emergencia de Seguridad

A poco de asumir el Gobierno declaró la Emergencia de Seguridad a nivel Nacional, con ello promueve el accionar conjunto de las fuerzas policiales junto a la Gendarmería, Prefectura y las Fuerzas Armadas. Esta iniciativa del ejecutivo quita todo control legal, judicial o administrativo para la compra de armamentos y movilización de personal,  permitiéndose el despliegue de los negocios criminales del aparato estatal amparados por la ley.

Entre otras medidas el decreto autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria.También crea el “Operativo Frontera” en reemplazo del “Escudo Norte” por considerarlo ineficiente y destina dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la zona de frontera. Refuerza la radarización del espacio aéreo a cargo del Ministerio de Defensa.

La militarización del país y el ambiente que genera la declaración de esta Emergencia de Seguridad Nacional va en sintonía con el discurso hostil hacia la juventud, principal foco de las políticas represivas.

 La Ciudad de Buenos Aires

El traspaso de la policía federal a la órbita de la Ciudad, pondrá a la Capital como una de las ciudades a nivel internacional con mayor proporción de efectivos por habitante elevándolo a 1 cada 142 habitantes. Esta superpoblación de policía ya fue engrosada por la puesta en escena de Gendarmería y Prefectura a la que se agrega la seguridad privada. Este trabajo conjunto ya había sido puesto a prueba en la represión en el Indoamericano (que dejó 3 muertos), en el Borda, en el desalojo del barrio Papa Francisco en 2014 y en las represiones en la Sala Alberdi, donde 2 compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos resultaron heridos con balas de plomo.

El proyecto de traspaso de la federal a la ciudad fue votado por mayoría en la legislatura con tan sólo 3 votos en contra por parte de los legisladores del FIT y AyL, y con 11 abstenciones del bloque del FPV que lejos de oponerse consideraron que el proyecto debía tratarse en el Congreso.

Este cambio vino acompañado por la decisión de desplegar a la Policía Federal por todo el territorio nacional y junto con el reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad que revalida la facultad policial de detener a cualquier persona considerada sospechosa. La práctica no es novedosa y tampoco el papel de la justicia. Lo que es importante tener en cuenta que bajo un gobierno que es abiertamente antipopular el aval de la justicia viene a marcar una rienda libre para una mayor generalización de estas prácticas.

Protocolo

“El gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”, indicó la ministra Patricia Bullrich en la sesión del Consejo de Seguridad. Luego de los anuncios intimidatorios, se aprobó en la Ciudad de Bariloche, en un acto formal que reunió a las autoridades nacionales con los ministros del área de Seguridad de cada provincia, el “protocolo antipiquetes” con el 80% de aprobación de las provincias.

El protocolo es una herramienta legal más que impulsó el gobierno con el objetivo de disciplinar al movimiento organizado que intenta deslegitimar cualquier medida de fuerza no aprobada por el gobierno. Sin embargo, el paro del 24 de febrero demostró que con unidad y decisión es posible doblegar al gobierno en sus intenciones.

Extradición de refugiados políticos

A inicios de febrero la Corte Suprema de Justicia dispuso la extradición a Perú de Rolando Echarri Pareja acusado de pertenecer a la organización Sendero Luminoso, para que sea juzgado por “delitos contra la tranquilidad pública, terrorismo en agravio del Estado peruano”. El Máximo Tribunal revocó una resolución que denegó el pedido confirmando el alineamiento internacional del gobierno con la derecha de la región y en contra de los movimientos sociales y políticos que cuestionan el sistema de explotación. La lucha por el asilo político de Echarri nos vio peleando en las calles junto a diversas organizaciones durante varios meses; habiendo logrado un fallo favorable.

Por su parte, la visita del presidente norteamericano se inscribe en este sentido y es una confirmación a nivel mundial del papel que está dispuesto a jugar el macrismo en los siguientes cuatro años como paladín de la ofensiva que se despliega sobre América Latina.

Sobre la detención de Milagro Sala

La detención de Milagro Sala vino a reforzar la criminalización de la protesta bajo la acusación de “sedición”, figura que no se utilizaba en la justicia desde los cortes de la Ruta Nacional 34 en 2001. Es un precedente para implementar la misma pena en casos de acampes, cortes de ruta o cualquier otro tipo de manifestación popular. La ocupación de la plaza Belgrano de la ciudad de San Salvador fue motivo suficiente para interpretar la acción como una “instigación pública a cometer delitos”. La acusación de “sedición” fue justificada por entender la protesta como un alzamiento público en contra del Plan de Regularización de Cooperativas que dispuso la gobernación de Jujuy. Por eso consideramos qua la prisión de Milagro Sala bajo esa carátula la convertía en una presa política y que no era un ataque singular a su persona sino que representó una avanzada contra el derecho a la protesta.

Armas Taser

El 2 de marzo los tres jueces de la Corte Suprema consideraron insostenible la aseveración de que las armas pudieran ser utilizadas en una acción inconstitucional. De este modo la Corte desestimó el recurso de queja contra la resolución del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que había rechazado un recurso contra el Gobierno de la ciudad para que se impidiera el uso de estas armas, comprobadas como elemento de tortura incluso por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Según Amnistía Internacional, más de 70 personas han muerto en Estados Unidos y Canadá desde 2001 tras haber recibido la descarga eléctrica de estas pistolas. En más de 40 países de régimen capitalista las fuerzas de seguridad están equipadas con estas armas, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Israel, Malasia, México, Reino Unido y Turquía. A partir de este fallo de la Corte Suprema la Argentina se suma a lista de regímenes que bajo el manto de la democracia legalizan la tortura.

La última manifestación de auxiliares de escuela de la provincia de Buenos Aires en el Palacio Pizzurno (Ministerio de Educación) fue atacada además de con los habituales gases pimienta y balas de goma, con estas pistolas de descarga eléctrica. Los medios de comunicación obviaron este accionar intentando legitimar los desalojos violentos y la represión que se está desatando contra el movimiento social que enfrenta las medidas de ajuste y represión del macrismo.