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Reunion Macri con Gobernadores

De caciques y CEOs

Un análisis de la situación de las provincias y la relación entre nación y los gobernadores

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El inicio de la era macrista está signado por la debilidad de Cambiemos en términos numéricos en el terreno legislativo por un lado, y los rojos financieros en las arcas de las provincias por el otro. Esto da lugar a una mutua necesidad de negociación entre el ejecutivo nacional y los caciques provinciales. Durante todo el semestre, la especulación y el tráfico de voluntades constituyen la moneda corriente en la relación, atravesada por las internas en el PJ, el precipitado declive del kirchnerismo y la necesidad común de los partidos patronales de contener el creciente descontento junto con las primeras muestras de resistencia por parte de los trabajadores frente al descarnado ajuste.

Por plata baila el gobernador

La situación económica de las provincias es crítica. El síntoma común es el abultado déficit fiscal, engrosado en 2015 por el descomunal gasto de las campañas electorales. Algunos ejemplos: el déficit del año pasado fue de $ 15.000 millones (M) en Bs.As. y de $ 2.500 M en Entre Ríos; para 2016 se prevén saldos negativos de $ 4.500 M en Mendoza, $ 1.623 M en Neuquén, $ 921 M en Río negro, $ 442 M en Catamarca. A su vez, la suma de las deudas provinciales con la nación supera los $ 90.000 M. Este panorama pone a los gobernadores en la necesidad de mantener buenos canales de negociación con Macri para la obtención de fondos nacionales. Reclamarían el envío de montos atrasados para obra pública, los fondos discrecionales que dispone el gobierno central y, fundamentalmente, la devolución del 15% de los fondos coparticipables retenidos desde 1992 para financiar la Anses. Su prenda de negociación son las voluntades de sus legisladores para las votaciones en el congreso.

Toma y daca

Ni bien iniciado el mandato, y conscientes del poder que les da la caja pero también de su inicial debilidad en el parlamento, los CEOs del ejecutivo nacional iniciaron reuniones con los mandatarios provinciales buscando asegurarse los avales para el primer gran episodio legislativo: la votación del pago a los fondos buitres. Luego de asumir el costo político de derogar el decreto de última hora de CFK con el que les devolvía a las provincias la coparticipación retenida, Macri, de la mano de su alfil Rogelio Frigerio (Ministro del Interior y ex presidente del Banco Ciudad), mantendría múltiples encuentros con los gobernadores para comenzar a discutir la coparticipación. Se jactaría de su política “dialoguista y federal” en contraste con el “unitarismo y uso clientelar de fondos” del kirchnerismo. Pero el nuevo gobierno no tardó en copiar al saliente: el 19/01, incrementó en 267% la cuota de coparticipación de CABA, su principal bastión. Los $ 14.500 M que implica la movida exceden por mucho los $ 9.000 M que implica el traspaso de la Policía Federal a la Capital, excusa empleada por el oficialismo. Esto sembró la bronca entre los caciques justicialistas y el sanjuanino Gioja (hoy presidente del PJ) convoca a sus pares a un encuentro el 23/01 para formar un bloque que les brinde mejores condiciones para presionar por la coparticipación y, a su vez, posicionarse de cara a la interna del peronismo.

Luego de un mes de negociaciones, el 26/02 Macri anunció un DNU para la restitución del 15% coparticipable en un plazo de 5 años. Días antes de la votación de la ley buitre en diputados, el ejecutivo mejoraría la oferta, lo cual fue una jugada fundamental para el triunfo en la cámara baja. Finalmente, el 31/3 Cambiemos logró una votación favorable en senadores, el triunfo de los holdouts, y la consiguiente entrega a los agentes del imperialismo. Una muy activa política de Frigerio logró el apoyo clave anticipado de la gran mayoría de los gobernadores, donde se destaca el rol de Urtubey (FPV-Salta), prácticamente un embajador del macrismo en el PJ. A su vez, el aprovechamiento de las internas en el justicialismo -y de los panquecazos de varios legisladores kirchneristas como Pichetto- y el hecho de que múltiples provincias ansiaban también recurrir al crédito internacional para financiarse -y evitar la constante genuflexión hacia Macri para disponer de caja- fueron los vectores que garantizaron la conquista del oficialismo.

Los siguientes meses estuvieron atravesados por el recrudecimiento del ajuste. A los más de 150 mil despidos en el Estado y el sector privado se les suman los tarifazos. Comienzan a resonar las luchas de los laburantes en distintos puntos del país, como la llevada a cabo por los estatales en ciudad y provincia de Bs.As., la de los estatales y docentes de Tierra del Fuego contra la suba de la edad jubilatoria y los recortes salariales del FPV de Bertone, o la de los docentes de Mendoza contra el nefasto “Ítem Aula”.

Los gobernadores no tuvieron empacho en replicar el ajuste. Sin embargo, empiezan a necesitar fondos urgentes para contrarrestar el creciente descontento y conflictividad, a lo que se suma que nación les pediría a las provincias que se hagan cargo de un tercio del financiamiento de los proyectos de obra pública. Es así que el 27/04, con el objetivo de presionar por recursos, varios de ellos dispusieron a su tropa legislativa a votar a favor de Ley Anti-despidos, forzando a Macri a asumir el costo de vetarla. Lejos de cualquier preocupación por las familias trabajadoras argentinas, los laburantes fuimos -una vez más- la prenda de negociación de los dueños del poder.

La tensión crece entre las gestiones provinciales ya que los anuncios en materia de coparticipación no resuelven el déficit a corto plazo y los envíos de dinero desde nación se licúan rápidamente. Decenas de miles de trabajadores de la construcción quedaron en la calle por la merma en la obra pública. Varias gobernaciones presionan a la Rosada. Incluso la propia Vidal, del riñón duro del PRO, se suma al reclamo de fondos.

Cambiemos no puede retroceder en sus alianzas a nivel federal. En junio dio tratamiento legislativo a la designación de los jueces de la CSJN y un importante paquete de leyes: el “proyecto ómnibus”. Este incluye el blanqueo de capitales (con el que espera recaudar unos u$s 20.000 M) y la venta de las acciones de empresas privadas en manos del Anses (el FGS, unos $750.000 M), todo enmascarado por las modificaciones en el sistema jubilatorio. La aprobación de estas medidas es clave para el oficialismo: las necesita para financiarse ya que las inversiones prometidas siguen brillando por su ausencia.

Es así que desde la Casa Rosada se realizó una nueva oferta en materia de coparticipación que reduce a 4 años el plazo de devolución y habilita la entrega de un 9% del monto en 2016 (un tercio en efectivo y el resto vía préstamos). Paralelamente, se impulsa que las provincias tomen préstamos en el exterior. El 18/05, Frigerio consigue el aval de los gobernadores a la nueva propuesta, en un encuentro en Córdoba. Con este acuerdo, sumado al favorable escenario político abierto por el escándalo de corrupción de López y el consiguiente desplome kirchnerista, el macrismo lograría en junio la aprobación del blanqueo y la designación de los jueces, cerrando un primer semestre con un balance positivo en las contiendas legislativas y la negociación con las provincias.

Algunas conclusiones

Si bien aún queda mucha tela para cortar, en primer lugar cabe mencionar que el macrismo viene demostrando capacidad para sopesar la minoría numérica parlamentaria y aprobar las leyes que necesita a través de la negociación con los “feudos” provinciales y la oposición, incluso a pesar de no provenir de la tradición pejotista -verdadera escuela de especulación para el manejo del poder-. A su vez, favoreció a Cambiemos la notable velocidad con la que gobernadores, otrora paladines del relato Nac&Pop, entregaron con soberbio pragmatismo su visto bueno al gobierno ajustador. Se suman a la moda de la “política sin violencia”, encolumnándose como “oposición responsable”. Claro está que la corrosiva violencia descargada mediante despidos y tarifazos sobre la clase trabajadora “no será televisada”.

Sin embargo, sin garantía de inversiones extranjeras de envergadura (no basta la “confianza” en la lógica del capital) y con la reducción en la recaudación fiscal fruto de la quita de impuestos a los ricos, el macrismo avizora un panorama incierto para gobernar la crisis, donde será vital el endeudamiento y el éxito del blanqueo. A su vez, el escenario se hace más vertiginoso a medida que se aproximan las legislativas de 2017. Cambiemos necesita hacer una buena elección, retener a los propios y sumar aliados, lo cual promete relanzar las negociaciones con los caciques (tanto provinciales como distritales), en el marco de un PJ que empieza a rearmarse luego de la debacle kirchnerista.

Por otro lado, las medidas otorgadas a las provincias no erradican su déficit estructural y dependencia hacia las arcas nacionales, lo cual se explica en buena parte por la descentralización de los sistemas públicos heredada de las Leyes de Transferencia de los ‘90 y una estructura económica altamente concentrada en la zona central con su correlato de economías regionales de escasa envergadura.

Lo que sí es una certeza es la continuidad y agravamiento del ajuste y el avance sobre los derechos de las mayorías. Frente a este escenario, Se vuelve vital fortalecer los lazos de solidaridad entre las emergentes muestras de resistencia a lo largo y ancho de nuestro país, para comenzar a romper el juego del poder entre caciques y CEOs.

Equipo de redacción de La Llamarada